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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-10-2017 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2017)

Fecha de Resolución: 3 de Octubre de 2017
 
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<a href="https://jurisprudencia.vlex.com.mx/vid/sentencia-corte-suprema-justicia-799548873">CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2003</a>

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 73/2017.

ACTOR MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN de Zapata MORELOS.



VISTO BUENO

SR MINISTRO

MINISTRO PONENTE: jorge mario pardo rebolledo.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.



Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de octubre de dos mil diecisiete.


V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Josmira Mildred Martínez G., ostentándose como Síndico Municipal de Tlaltizapan de Zapata, Morelos; así como David Salazar Guerrero, en su calidad de Presidente Municipal de la referida entidad, promovieron controversia constitucional, en la que demandan la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:


Entidad, poder u órgano demandado:


  1. Mesa Directiva y Congreso del Estado de Morelos.

  2. Titular del Poder Ejecutivo.


Norma general o acto cuya invalidez se demanda:


“El Decreto número mil cuatrocientos sesenta y cinco por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 101 de la ley orgánica municipal del Estado de Morelos que a la letra reza lo siguiente: (…).”


SEGUNDO. Artículos constitucionales señalados como violados. Del escrito de demanda hecho valer por la parte actora, se desprenden como preceptos constitucionales violados los artículos 14, 16, 17, 115 y 116.


TERCERO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:


  • El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, fue publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5466, el Decreto 1465, emitido por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, por el que se reforma el artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.


CUARTO. Conceptos de invalidez. El Municipio actor, hizo valer, esencialmente, los siguientes argumentos:


Las demandadas violan flagrantemente la autonomía municipal, pues con la emisión del Decreto compromete el patrimonio municipal, sin que haya sido oído y vencido en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento, vulnerándose en perjuicio del Municipio actor los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; ello en virtud de que en términos de lo dispuesto por el artículo 106 del Reglamento Interior del Congreso de Morelos, los proyectos de dictamen deberán contener entre otras formalidades, el análisis de las observaciones hechas por los ayuntamientos y los poderes Ejecutivo o Judicial en su caso.


En este sentido, el Congreso del Estado de Morelos, con la emisión del Decreto 1465, sin intervención del Municipio actor, transgrede su autonomía al violentar el principio de libre administración hacendaria y disposición de sus recursos.


El referido Decreto también es violatorio del artículo 115 de la Constitución Federal, que establece las facultades del Municipio libre y su facultad para manejar su patrimonio conforme a la ley.


QUINTO. Registro, admisión y trámite de la controversia. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 73/2017.


Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal1.


Mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas, reconociendo como tal a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos (no así a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al ser un órgano subordinado de éste último), para que formularan su respectiva contestación, además, requirió al Poder Legislativo para que, al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada; y al Poder Ejecutivo, para que remitiera el ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que se publicó el artículo controvertido; asimismo, ordenó dar vista a la Procuradora General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera2.


SEXTO. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en síntesis, señaló lo siguiente:


a) Falta de legitimación:


  • El Municipio actor carece de legitimación ad causam, pues no se ha configurado ningún acto que invada su órbita competencial.


  • En consecuencia, se actualiza la falta de legitimación pasiva, al no haber realizado acto alguno que constituyan una afectación a la esfera competencial del demandante.


b) Contestación a los hechos:


  • Resulta cierto el hecho relativo a la promulgación y publicación del Decreto impugnado en el Periódico Oficial de la entidad.


c) Contestación a los conceptos de invalidez:


El Municipio actor se abstiene de formular conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios atribuidos al Poder Ejecutivo y al Secretario de Gobierno de la entidad.


Que es infundado que se violen en perjuicio de la parte actora los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, con la expedición del Decreto impugnado, en virtud de que no se viola la autonomía de su hacienda ni su libre administración.


La reforma al artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece un mínimo por ley, de 90 días de salario mínimo vigente, que se le otorgue a los ayudantes municipales, con el fin de que puedan cubrir de manera efectiva los gastos por las diversas gestiones que realizan en favor de sus comunidades, pues ello posibilita o faculta a los ayuntamientos sin obligarlos a establecer una cantidad fija que éstos determinen, conforme a las condiciones propias de su hacienda.


En este sentido la reforma al artículo impugnado, resulta plenamente constitucional, en el sentido de que la Legislatura Estatal sólo sentó el aspecto general en materia municipal, con la finalidad de establecer un marco normativo homogéneo para los Municipios de un Estado, y a éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su jurisdicción, sin contradecir las bases generales.


SÉPTIMO. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo del Estado de Morelos. La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, en síntesis, argumentó lo siguiente:


a) Contestación a los hechos:


  • Es cierto el hecho relativo a la promulgación y publicación del Decreto impugnado en el Periódico Oficial de la entidad.


b) Causales de improcedencia:


  • Resulta improcedente la controversia constitucional, en virtud de que el Municipio actor no cuenta con interés legítimo para acudir a esta vía, ya que no existe una afectación a su esfera de atribuciones; por lo tanto, con base en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe decretarse el sobreseimiento.


c) Contestación a los conceptos de invalidez:


La norma combatida en la demanda de controversia constitucional, atiende a satisfacer la demanda de los habitantes de la entidad en el ámbito municipal; por lo tanto, dicha disposición no es más que la especificación normativa de las obligaciones constitucionales que debe observar el Municipio, establecidas por el Congreso local en uso de la libertad de configuración legislativa.


Que previo a la reforma que se publica mediante el Decreto impugnado, el artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal ya contemplaba la obligación de los ayuntamientos de destinar de forma discrecional una partida suficiente para cubrir los gastos de los ayudantes municipales, lo cual no fue combatido.


La reforma al artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, no constituye una invasión de competencias del Municipio actor, pues no le obliga a establecer una cantidad fija para garantizar las funciones llevadas a cabo por los ayudantes municipales, sino que exclusivamente establece los montos mínimos de referencia.


El proceso legislativo realizado para la emisión de la norma impugnada se encuentra debidamente fundado y motivado, conforme a los criterios que han sido establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


OCTAVO. Opinión de la Procuradora General de la República. La procuradora General de la República se abstuvo de formular pedimento.


NOVENO Audiencia. Agotado el trámite respectivo tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34...

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