Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-11-2010 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2248/2010 ) - Jurisprudencia - VLEX 799604129

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-11-2010 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2248/2010 )

Fecha de Resolución:24 de Noviembre de 2010
RESUMEN

JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SEXTA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LA QUE RESOLVIÓ QUE NO PROCEDÍA LA DEDUCCIÓN ANTICIPADA RESPECTO DE INVERSIONES REALIZADAS A BIENES INMUEBLES (ACTIVO FIJO) Y COMO CONSECUENCIA LA IMPOSICIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. POSIBLE TEMA DE... (ver resumen completo)

 
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1966/2010 QUEJOSA: PLÁSTICOS MODERNOS DE PUEBLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2248/2010.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2248/2010 QUEJOSA: **********.


MINISTRO S.S.A.A..

SECRETARIA armida buenrostro martínez.


México Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de noviembre de dos mil diez.


VO. BO.


Cotejó:


V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:


PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diez, en la Oficialía de Partes de las S.s Regionales Metropolitanas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por conducto de su representante, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada el dos de julio de dos mil nueve y de la resolución emitida el once de enero de dos mil diez en la que se declaró procedente y fundada la aclaración de sentencia antes mencionada, ambas emitidas por la Sexta S. Regional Metropolitana de dicho Tribunal, en el juicio de nulidad 39714/06-17-06-7.


SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y señaló como terceros perjudicados al Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero, al Administrador General de Grandes Contribuyentes, al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y al Secretario de Hacienda y Crédito Público.


TERCERO. Correspondió conocer del asunto al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo P., por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diez, admitió la demanda de amparo registrándola con el número D.A 279/2010. Posteriormente, el Tribunal Colegiado de referencia, en sesión de ocho de septiembre de dos mil diez, dictó sentencia, la que concluyó con el siguiente punto resolutivo:


ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra del acto reclamado de la Sexta S. Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la sentencia de dos de julio de dos mil nueve así como la aclaración de sentencia de fecha once de enero de dos mil diez al resolver el juicio de nulidad número 39714/06-17-06-7, de su índice.”


Las consideraciones que sustentó el Tribunal Colegiado en su sentencia para negar el amparo a la parte quejosa, en la parte que aquí interesa, son las siguientes:


“…OCTAVO Los conceptos de violación primero y segundo de la quejosa se analizan de forma conjunta por su estrecha relación y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo. En su primer concepto de violación señala la quejosa que la sentencia recurrida transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud que la S. responsable determina indebidamente que conforme a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año dos mil tres, es requisito para deducir el valor por redimir de una inversión en construcciones que se desocupe el bien arrendado, incluso cuando sea con motivo de haber celebrado nuevo contrato de arrendamiento respecto del mismo bien.--- Asimismo, la quejosa considera ilegal lo resuelto por la S. responsable en el sentido de asimilar la celebración de nuevos contratos de arrendamiento con una prórroga de los contratos previos, toda vez que no se demostró que la renovación de los contratos otorgara al arrendador un beneficio adicional distinto a la contraprestación primitiva correspondiente por la renta del inmueble con motivo de las mejoras y adaptaciones, en virtud que pierde de vista que son dos actos jurídicos distintos e independientes entre sí, ya que las inversiones en construcciones, instalaciones o mejoras realizadas a los bienes arrendados quedaron en beneficio del propietario al término del contrato de arrendamiento y no así, con motivo de la celebración de nuevos contratos que sólo demuestran continuidad en el uso o goce del bien y no su terminación, es más, estos nuevos contratos, ni siquiera reflejan un incremento considerable en la renta pactada, tomando en consideración el nuevo valor de los bienes originado con motivo de la accesión.--- La quejosa considera que sí devolvió al arrendador el uso y goce del bien arrendado con las modificaciones y adaptaciones realizadas al mismo al término del contrato de arrendamiento, también considera que al término del acto jurídico, el arrendatario pierde la posesión derivada del bien, mientras que el arrendador continúa en la posesión originaria, lo que implica el pleno uso y goce del bien con las modificaciones en comento.--- Asimismo, la quejosa considera que la S. fiscal omitió tomar en cuenta las consideraciones expuestas por este Tribunal al resolver el R.F. 52/2009, en el sentido que debió determinar si al término de los contratos de arrendamiento le fue entregado el inmueble al propietario con las construcciones realizadas, sin que especificara que fuera una entrega material y no limitarse a señalar que no procedía la deducción en virtud de continuar arrendando los bienes, pues sí hubo una entrega jurídica de la cosa arrendada.--- Además, la quejosa arguye que de conformidad con el artículo 791 del Código Civil Federal la entrega jurídica de un bien deriva de un derecho legitimo para poseerlo, lo cual necesariamente implica que en el caso de un arrendamiento, el arrendatario entrega jurídicamente al arrendador el bien objeto del contrato al momento en que el mismo llega a su término al no contar más con el derecho de poseerlo, en tanto que quien poseía el bien de forma derivada, ya no cuenta con el derecho de retenerla.--- En el segundo concepto de violación argumenta que se violentan las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria previstas en el artículo 31 fracción IV de la Constitución, la primera porque no se reconocen la erogaciones (deducciones) que los contribuyentes llevaron a cabo para la generación de los ingresos que le son gravados de conformidad con el artículo 42 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la segunda, porque se otorga un trato desigual a los iguales porque se impide a determinados contribuyentes deducir el valor pendiente por disminuir de las construcciones o mejoras permanentes realizadas en activos fijos, propiedad de terceros por el hecho de no realizar la entrega material de los bienes con motivo de haber celebrado nuevos contratos respecto de los bienes en comento, mientras que a otros contribuyentes que sí realizaron la entrega material y jurídica de los mismos, sí los pueden deducir.--- Ahora bien, es menester señalar que el presente medio de defensa tiene como antecedente el recurso de revisión fiscal R.F. 52/2009, resuelto por este Tribunal en sesión de uno de abril de dos mil nueve, en el cual respecto de la deducción de las inversiones determinó que para que un contribuyente esté en condiciones de poder llevar a cabo la deducción de las inversiones que realizó, consistentes en construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos fijos tangibles propiedad de terceros, es requisito para su deducción, que éstas queden a beneficio del propietario, de conformidad con los contratos de arrendamiento o de concesión respectivos.--- Por su parte, el artículo 2398 del Código Civil Federal establece que el contrato de arrendamiento es el acto jurídico por el cual el arrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa al arrendatario a cambio de un precio cierto.--- Es menester señalar brevemente los elementos personales y reales que conforman el contrato en comento; los elementos reales son la cosa, el precio y el tiempo por el cual se otorga el uso o goce; los elementos personales, son precisamente las dos partes que intervienen en el contrato de arrendamiento, el arrendador que da la cosa en arrendamiento y el arrendatario que recibe la cosa en arrendamiento (debe haber entrega material de la cosa al inicio del contrato y al término del mismo por tratarse de obligaciones de dar, como lo establece la fracción II del artículo 2011 del Código Civil Federal).--- Asimismo de conformidad con el artículo 791 del Código Civil Federal, cuando por virtud de un acto jurídico, el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en su calidad de arrendatario, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria, y el otro, una posesión derivada; sin embargo, el arrendatario al retener la cosa, tiene la posesión material del bien para su uso o goce temporal por el plazo de vigencia del contrato.--- En los artículos 2425 al 2447 del Capítulo III del Arrendamiento del Código Civil Federal, se desprenden todas las obligaciones que conciernen al arrendatario, dentro de las cuales se encuentra la de ejecutar las mejoras que expresamente se hubiere comprometido a realizar en la cosa arrendada, reparar daños y perjuicios que se hubieren causado por el mismo arrendatario, no realizar obras nocivas o prohibidas de la cosa arrendada y devolver la cosa arrendada al concluir el arrendamiento tal como lo recibió, es decir, tiene la obligación de devolver materialmente el bien objeto del...

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