Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-10-2007 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1289/2007 ) - Jurisprudencia - VLEX 799666385

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-10-2007 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1289/2007 )

Fecha de Resolución:31 de Octubre de 2007
RESUMEN

DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO.

 
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AMPARO directo EN REVISIÓN 1289/2007.

QUEJOSa: **********.




MINISTRO PONENTE: SERGIO A VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIo A.C.M..




México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de octubre de dos mil siete.



V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O :



PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil seis, ante la Sección de Amparos Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan:


AUTORIDADES RESPONSABLES:

Magistrados integrantes de la S. Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.




ACTO RECLAMADO:

La ejecutoria dictada el veintisiete de junio de dos mil cinco, dentro del toca penal de apelación **********.


La quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, que en lo que interesa, establecen:


Señala que la autoridad responsable no realizó un estudio a fondo del material probatorio que obra en la causa penal, dejando de actuar dentro de los causes legales señalados en el Código Penal Adjetivo, además de que no se suplió la deficiencia de los agravios expresados por la defensa oficial de la quejosa.


Destaca que hubo violación a lo dispuesto por el artículo 20 constitucional ya que la juez del conocimiento se negó a admitir el careo solicitado con **********.


Asimismo la quejosa argumenta que la juez de la causa, sin tomar en cuenta el derecho o consentimiento de la inculpada, aceptó ilegalmente el desistimiento hecho por el defensor particular respecto del careo con el policía ministerial **********.


Argumenta también, que no obstante que el artículo 101 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, reglamenta la forma en que se llevan a cabo los careos constitucionales, de las diligencias se desprende que al momento de desahogar los careos correspondientes se aplicaron, indebidamente, las reglas de los careos procesales, los cuales son una figura distinta a los primeros, violándose el derecho de defensa de la recurrente al no permitirse el careo con el agente aprehensor **********, dejando de aplicar lo consagrado en los artículos 196, 208, fracciones I y III y 209, cuarto párrafo del Código Penal Adjetivo.


Por otra parte, la defensa solicitó el desahogo de diversas testimoniales; mismas que no fueron admitidas por la juez de origen además, considera que el ad quem no se percató que la a quo violó lo señalado en el párrafo segundo del artículo 169 del cuerpo legal adjetivo, toda vez que el mismo no limita el tipo de pruebas que se pueden ofrecer dentro de la ampliación del plazo constitucional, aunado a que la juez de la causa dictó el auto de formal prisión antes de que feneciera la ampliación del plazo.


Así también, durante el plazo constitucional no se desahogaron las probanzas ofrecidas por la quejosa ni por su defensa, a decir:


  1. El careo constitucional con el policía ministerial **********, toda vez que la juez de la instrucción aceptó el desistimiento del defensor particular;

  2. Los careos constitucionales con los agentes aprehensores **********, ********** y **********, en virtud de que se desahogaron careos procesales y no los constitucionales solicitados;

  3. Los careos constitucionales con los ciudadanos ********** y **********;

  4. Los testimonios de buena conducta; y,

  5. Los interrogatorios a cargo de la recurrente.


Finalmente, asienta la quejosa que la S. Responsable pasó por alto que durante la instrucción no se desahogaron, además de los careos constitucionales antes señalados, diversas pruebas, siendo éstas:


  1. El careo procesal entre la inculpada y **********, al existir contradicciones en las declaraciones respectivas, por lo que la juez del proceso debió ordenar de oficio su desahogo;

  2. Los careos procesales entre los elementos de la policía ministerial, dadas las contradicciones que incurrieron en los interrogatorios formulados por mi defensa, siendo entonces, obligación de la juez de primera instancia ordenar de oficio el desahogo;

  3. El careo constitucional con el agente **********, pues si bien es cierto, dentro del plazo constitucional, mi defensa se desistió de dicha probanza sin mi consentimiento, la a quo debió requerirme para que manifestara mi anuencia para el desistimiento;

  4. La inspección ocular con carácter de reconstrucción de hechos.


SEGUNDO. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil seis, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de garantías y ordenó su registro bajo el número **********; y seguidos los trámites de ley, en sesión de quince de junio de dos mil siete dictó sentencia, misma que se terminó de engrosar el veintiuno siguiente, y que concluyó con el siguiente punto resolutivo:


ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.”


Las consideraciones en que el órgano colegiado del conocimiento sustentó dicha sentencia, esencialmente, son las siguientes:


Que es erróneo que el actuar de la Alzada haya sido violatorio de garantías, toda vez que antes del desahogo de los careos con los agentes ministeriales **********, ********** y ***********, la defensa particular desistió del careo entre la quejosa y el agente **********; es de mencionar, que dicha impetrante consintió dicho desistimiento, pues ésta se encontraba presente en la referida diligencia, sin que haya hecho alguna inconformidad. En tales condiciones, es incuestionable el consentimiento de la recurrente sobre el desistimiento, aunado a que el Código Penal Adjetivo de la entidad, no estipula la obligación del juzgador para recabar el consentimiento expreso del inculpado o procesado en casos como el que se analiza.


Que del artículo 101 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, que reglamenta la forma de practicarse los careos constitucionales, no se aprecia que la diligencia de careos deba practicarse mediante preguntas directas como lo menciona la quejosa, pues dicho artículo dispone que los que participen en tal probanza declararán en presencia de la autoridad judicial, y que el inculpado podrá formular a su careado las preguntas que desee y que resulten conducentes a su defensa. En esta tesitura, si en la diligencia de siete de octubre de dos mil tres, queda claro que los que intervinieron declararon y manifestaron lo que estimaron conveniente sin que la impetrante hubiere expresado su intención de interrogar a sus careados, tal omisión no se le puede atribuir al a quo, dado que la formulación de preguntas era una potestad de la quejosa o de su defensa.


Por otra parte, es infundado lo que la recurrente afirma, cuando señala que no se desahogó el careo constitucional con los referidos agentes ministeriales, toda vez que dichos careos deben considerarse como procesales. Lo anterior, se fundamenta en la fracción IV, Apartado A, del numeral 20 de nuestra Carta Magna, pues la naturaleza jurídica de los careos constitucionales, es un derecho fundamental de la defensa de todo inculpado, para poder conocer a las personas que deponen en su contra y estar en posibilidad jurídica de refutar las imputaciones, e interrogarlos, ejerciendo su derecho de defensa; cuestiones que fueron satisfechas en los careos celebrados con dichos agentes ministeriales, pues la quejosa conoció a tales personas, estuvo en aptitud de refutar los señalamientos así como de interrogarlos, y si bien es cierto, no llevó a cabo tales interrogatorios, no puede reprocharse dicha omisión a la juez de origen. En el mismo orden de ideas, estos careos no se pueden estimar como procesales, en virtud de todas las diferencias existentes entre el careo constitucional y el procesal, pues el primero surge entre el indiciado y quien depone en su contra y la finalidad es que el indiciado conozca a quien lo acusa y pueda cuestionar tal acusación, mientras que el segundo, surge entre dos personas con el propósito de esclarecer las discrepancias en el dicho de dos personas.


Así las cosas, no le asiste la razón a la quejosa, pues es incuestionable que el careo solicitado por la impetrante en su calidad de indiciada con los agentes ministeriales, se trate de los careos constitucionales y no procesales, como erróneamente lo argumenta la recurrente.


Igualmente, la peticionaria alude como violación procesal, que al rendir su declaración preparatoria solicitó carearse con **********, cuya declaración rendida ante el ministerio público el dos de octubre del dos mil tres, fue utilizada para fincarle el juicio de reproche en su contra; no obstante, señala la recurrente, que la a quo se negó a admitir el citado careo aduciendo razones “ajenas a la ley”.


Que lo anterior resulta ineficaz, pues si bien es cierto la juez de la causa acordó el seis de octubre de la citada anualidad, que no era posible “llevar a cabo los careos que resulten entre los promoventes y el inculpado **********, hasta en tanto se determine la situación de este último...

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