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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-06-2017 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2013)

Fecha de Resolución:29 de Junio de 2017
 
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JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL 1/2000

ARectangle 2 cción de Inconstitucionalidad 42/2013

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2013

PROMOVENTE comisión nacional de los derechos humanos



MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIo A.C.R.

COLABORÓ MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE MENDOZA



Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil diecisiete.


V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:


  1. PRIMERO. Presentación del escrito de Acción de Inconstitucionalidad. Por escrito recibido el veintiséis de diciembre de dos mil trece1 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de P. de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la declaración de invalidez de los artículos 58, tercer párrafo, incisos a) y b), de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 71, fracción VIII, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos del Estado de S., reformados mediante Decreto 972 publicado en el Periódico Oficial de la entidad mencionada de veintisiete de noviembre de dos mil trece.


  1. SEGUNDO. Conceptos de Invalidez. El promovente de esta acción de inconstitucionalidad, formuló, en síntesis, los siguientes:


Primer Concepto de Invalidez.

  1. Considera que el contenido de las normas impugnadas es inconstitucional, al introducir un requisito adicional a la solicitud del Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consistente en un dictamen previo de procedencia, emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, el cual deberá de ser aprobado por el Pleno, para citar a comparecer a los servidores públicos y autoridades que se nieguen a aceptar o cumplir una recomendación, ya que con esa condición se coarta la autonomía de dicho Organismo Constitucional, en detrimento de las víctimas a los derechos humanos, que motivaron la recomendación respectiva.

  2. Considera que otorgar la facultad al Congreso de S. para determinar si procede o no, una solicitud del Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de citar a las autoridades o servidores públicos que se nieguen a cumplir o aceptar una recomendación, por vulneración de derechos humanos hace inconstitucional la norma impugnada, pues limita la autonomía e independencia del Organismo Estatal.

  3. Menciona que tal discrecionalidad puede llegar a tener matices de índole político, que pudiesen alterar el propósito de la recomendación y la protección de los derechos humanos, por ser dichas Comisiones Permanentes, con la aprobación del Pleno, quienes determinen sobre la procedencia de la solicitud realizada por el titular de la Comisión Estatal de Derechos humanos; derivando, en su caso, en una falta de objetividad y parcialidad en el dictamen correspondiente, al ser los partidos políticos dominantes, quienes resuelvan.

  4. Sostiene que los artículos impugnados violan el artículo 29, inciso b), c) y d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  5. Menciona que con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se creó un bloque de convencionalidad, integrado tanto por la ley fundamental, como por los instrumentos internacionales, criterio confirmado en la contradicción de tesis 293/2011, en la cual, el Pleno de este Alto Tribunal determinó que los derechos humanos, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de todas las normas y actos de autoridad.

  6. Señala que la reforma, agregó el principio pro personae, por lo que de existir distintas interpretaciones, para una norma jurídica, se deberá elegir aquella que proteja con mayor amplitud al titular de un derecho humano.

  7. Considera que la esfera internacional, se ha definido al principio pro personae, mediante dos variantes: a) preferencia interpretativa, en la que, de las interpretaciones válidas disponibles para resolver un caso concreto se ha de preferir la que optimice más un derecho humano; y b) preferencia de normas, según la cual el intérprete deberá preferir, en caso de poder aplicar más de una norma al caso concreto, aquella que sea más favorable a la persona, con independencia de su jerarquía.

  8. Menciona que las autoridades deben ejercer ex officio el control de convencionalidad para aplicar en sus respectivas competencias, la Convención Americana sobre Derechos humanos y demás tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  9. Señala que de los artículos 29, incisos b), c) y d), en relación con el 28, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se deriva que la Entidades Federativas tienen la obligación de hacer efectiva dicha convención, ya sea en el ámbito legislativo o judicial, por lo que, deben incorporar a su régimen jurídico, los derechos y libertades mencionadas en ésta y el contenido de dicho tratado, no puede ser interpretado para limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes, excluir otros derechos y garantías que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, o limitar el efecto que pueda producir la convención en comento.

  10. Menciona que se viola el inciso b del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues con las disposiciones impugnadas se limita el goce y ejercicio del derecho de tutela efectiva de los derechos humanos, el cual permite a los organismos de derechos humanos, solicitar al Congreso que llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables de violaciones a derechos humanos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir una recomendación.

  11. Considera que se trasgrede el inciso c, del precepto mencionado renglones arriba, ya que se excluyen derechos y garantías que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, pues queda la facultad de llamar a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables de violaciones a derechos humanos, sujeta al procedimiento y dictamen de las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos del poder Legislativo Local, lo que tendría un efecto negativo, por la composición política de dicho órgano, por lo que puede ser distorsionada por cuestiones ajenas a la protección de derechos humanos.

  12. Señala que las normas impugnadas son contrarias a los estándares internacionales en materia de instituciones de derechos humanos contenidos en los Principios de París, los cuales establecen que los organismos protectores de derechos humanos dispondrán del mandato más amplio posible, enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su composición y su ámbito de competencia. Por lo anterior, dichas normas objetadas, son contrarias al espíritu de independencia y pluralismo de los Órganos Protectores de Derechos Humanos, pues en el fondo, someten al procedimiento y dictamen de un órgano político, el ejercicio de una facultad constitucionalmente otorgada.

  13. Menciona que viola el inciso d, del artículo en cita, ya que se excluye y limita el efecto de la implementación de los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos humanos y otros actos internacionales de la misma naturaleza, pues se restringe el derecho de tutela efectiva de derechos humanos que desarrollan las instituciones nacionales a las que constitucionalmente se les ha dotado de autonomía; sometiendo a un procedimiento de un órgano de una composición eminentemente política, por lo que, las víctimas de una violación de derechos humanos se quedan sin un medio de defensa efectivo contra dichas violaciones, ya que en caso de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que derive en una recomendación se enfrentan a la posibilidad de que sea nula, ante la negativa del Congreso del Estado, de solicitar la comparecencia de los servidores públicos responsables que se nieguen a cumplirla.



Segundo Concepto de Invalidez.



  1. Considera que el artículo 102, apartado B, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal, establece la naturaleza jurídica de los organismos protectores de derechos humanos y, especifica, con claridad, que las constituciones de los Estados deberán establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos dicha autonomía implica la exclusión de injerencias por parte de otras autoridades del Estado, que...

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