Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-09-2019 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2019)
| Sentido del fallo | 03/09/2019 “PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 23, fracciones I, IV y V, de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, publicada mediante Decreto 0032 en el Periódico Oficial ‘Plan de San Luis’ de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. TERCERO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de San Luis Potosí y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo, precisados en el último considerando de esta ejecutoria. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial ‘Plan de San Luis’ del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”. |
| Tipo de Asunto | ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD |
| Número de expediente | 21/2019 |
| Emisor | PLENO |
| Fecha | 03 Septiembre 2019 |
A
CCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2019 [
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2019
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PONENTE:
MINISTRO alberto pérez dayán.
SECRETARIo:
héctor hidalgo victoria pérez.
Vo. bo.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, L. Raúl González Pérez, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 23, fracciones I, IV y V, de la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de los Servicios Públicos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, San L. Potosí, publicada mediante Decreto 032 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa “El Plan de San L.”, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de las mencionadas normas, respectivamente, al Congreso y el Gobernador, ambos del Estado de San L. Potosí.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estima violados los artículos 1 y 6, Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que expresó el argumento de invalidez que se sintetiza a continuación:
Señala que el artículo impugnado transgrede el principio de gratuidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido reconoce el carácter público de la información en posesión de cualquier entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal; lo cual, conlleva la posibilidad de toda persona de acceder a dicha información de manera gratuita, así como la obligación de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Agrega que en términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce el derecho a la información como parte de la libertad de expresión, en tanto ésta comprende la modalidad de buscar, recibir y difundir la información e ideas de toda índole, afirmación que ha sido sustentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Precisa que el principio de gratuidad contenido en los artículos 6 de la Constitución Federal y 141 de la Ley General del Transparencia y Acceso a la Información Pública, implica que el ejercicio de esta prerrogativa debe realizarse sin entregar a cambio contraprestación alguna, salvo el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción, cuando en su caso sea procedente, justificado y proporcional. Para ello, los costos relativos a la obtención de información deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información, el costo de envío y el pago de la certificación que en su caso proceda. En esa medida, debe entenderse que los costos del acceso a información se limitan al de los medios de soporte en los que ésta se entregue, pero no a la información misma.
Asimismo, estima que las normas combatidas transgreden el principio constitucional de máxima publicidad de la información, el cual impone la mayor disponibilidad a petición de los gobernados, en función de privilegiar su acceso a la información de interés público, por lo cual han de superarse los meros reconocimientos formales procesales que hagan nugatorio el ejercicio de este derecho.
Señala que si bien las normas impugnadas no regulan propiamente las solicitudes de información en términos de la legislación de transparencia y acceso a la información, lo cierto es que las disposiciones impugnadas sí lo hacen respecto a la entrega de información solicitada por particulares que obra en los archivos de la entidad pública correspondiente. Por lo tanto, estima aplicables al caso los principios que derivan del artículo 6 constitucional.
Lo anterior, toda vez que los preceptos impugnados establecen el pago de derechos por la consulta y reproducción de documentación que va desde los $3.32 a los $47.50, cuestión que se traduce en un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues de forma injustificada y desproporcionada se pretende establecer un cobro que resulta contrario al principio de gratuidad que rige la materia.
Destaca que de los trabajos legislativos que dieron origen a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se desprende que el legislador dispuso que los solicitantes no debían realizar erogación alguna cuando ellos mismos proporcionaran el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información solicitada.
En tal virtud, se concluye que los preceptos aquí combatidos constituyen una barrera que obstaculiza la realización del derecho de acceso a la información pública, al constituir medidas injustificadas que no tienen un sustento constitucional ni persiguen un fin constitucionalmente válido.
TERCERO. Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 21/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto P.D. para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO. Informes de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:
El Poder Ejecutivo del Estado de San L. Potosí, representado por el Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Estado, señaló:
- Que el concepto de invalidez hecho valer por la accionante no se relaciona con vicios propios de los actos reclamados al Poder Ejecutivo, específicamente, la promulgación y publicación del ordenamiento que se refiere. En consecuencia, estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 19, fracción VIII, del mismo ordenamiento.
El Poder Legislativo del Estado de San L. Potosí, representado por la Primera V. de la Directiva del Congreso del Estado, señaló:
-
Que el precepto cuya constitucionalidad se impugna, no constituye un cobro excesivo y desproporcional, dado que se justifica mediante una base objetiva y razonable en razón de los materiales empleados por los organismos encargados, habida cuenta que la cantidad establecida resulta igual a la prevista para el ejercicio fiscal anterior.
-
Por otro lado, señala que la cantidad ahí determinada tiene su origen en el artículo 24 del propio ordenamiento, el cual prevé un ajuste tarifario anual de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Productor y el Decreto 594 relativo a la Metodología del cálculo para el cobro de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamientos y disposiciones de aguas residuales en el Estado de San L. Potosí.
En consecuencia, estima que los costos impugnados se determinaron a partir de una tarifa media de equilibrio que garantiza el funcionamiento de los servicios públicos prestados por el organismo operador, en este caso, Ciudad Valles.
A partir de lo anterior, concluye que las contribuciones combatidas no tienen como punto de partida el ámbito patrimonial del...
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